- Fogasa insta a los trabajadores a que envíen sus reclamaciones a los juzgados de lo social, cuando pueden ser tramitadas ante el organismo
- El plazo para reclamar se ha rebajado de un año a dos meses
Reclamar
ante el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) es ahora más difícil que
hace solo unos meses, aunque solo aparentemente. Las resoluciones que
reciben ahora los trabajadores les comunican que, en caso de querer
reclamar la cuantía de sus indemnizaciones, deben dirigirse directamente
a los juzgados de lo social. Es un cambio respecto a lo que sucedía
antes, cuando se les informaba de que tenían un año para reclamar
primero ante el Fogasa y, después, otros ocho años para acudir a los
tribunales de lo social.
Hasta ahora, el Fogasa comunicaba
a los trabajadores la resolución de su expediente. Al final de la hoja,
el organismo les informaba de que tenían la posibilidad de reclamar (en
caso de que no estuviesen conformes o consideraran que se había
cometido algún error): para ello, tenían el plazo de un año para acudir a
una oficina del Fogasa y, una vez presentada esa reclamación, otros
ocho para acudir a la vía judicial.
Sin
embargo, las resoluciones han eliminado ahora la parte que informa a
los trabajadores de que tienen la posibilidad de reclamar ante las
oficinas del Fogasa. Les informa, directamente, de que contra la
resolución puede interponerse "demanda ante el Juzgado de lo Social
competente en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su
notificación", según una resolución fechada en enero procedente de una
unidad administrativa. Los juzgados de lo social están, además, colapsados ante la avalancha de casos y la falta de medios.
"En
las oficinas se siguen aceptando reclamaciones, porque no pueden
cambiar la norma así porque sí. Lo que sí hay es una decisión que
pretende que la gente vaya directamente a los juzgados de lo social a
dirimir sus conflictos laborales. En la resolución hay una orientación
clara: no se menciona la posibilidad de que la gente reclame
directamente ante el Fogasa, ocultan esa opción aunque sigue
existiendo", afirma el secretario general de la Sección Sindical Estatal
de CCOO en el Ministerio de Empleo, Josetxo Gándara.
Hay,
además, un recorte de los plazos: si antes cualquier persona que
quisiera reclamar ante el organismo tenía un año para hacerlo, ahora
solo tiene dos meses para acudir a los tribunales. "Muchas veces, las
personas que llegan al Fogasa ya están desvinculadas de la empresa,
necesitan tiempo para asesorarse o buscar una segunda opinión", señala
Gándara.
El
Fogasa es un organismo público que depende del Ministerio de Empleo y
que se encarga de gestionar los expedientes y sufragar las
indemnizaciones y los salarios de los trabajadores de empresas que se
hayan declarado insolventes o en concurso de acreedores. En septiembre,
Empleo externalizó los 180.000 expedientes atrasados que
acumulaba el organismo a la empresa pública Tragsatec por un importe de
3,5 millones de euros, una decisión muy criticada por los sindicatos,
que llevan años reclamando más medios.
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